PRIORIDADES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. TENDENCIAS, DESAFÍOS Y SOLUCIONES.
Parte 5. Respuestas de la seguridad social a la pandemia de COVID-19.
La pandemia de COVID-19, provocó una crisis epidemiológica sin precedentes con una demanda de servicios de salud imposible de atender debido a las elevadas tasas de morbilidad y a la gravedad de las infecciones, que provocaron un aumento desproporcionado de las tasas de mortalidad y de hospitalización y la correspondiente necesidad de aumentar el gasto en atención de salud y prestaciones por enfermedad en los países.
Las repercusiones socioeconómicas negativas de las medidas impuestas para frenar la propagación del virus, como la paralización de la actividad laboral y la generalización de cuarentenas; confirmaron la urgente necesidad de una protección de la seguridad social adecuada e integral en la vida de todos los países. Lo anterior, dio lugar a una desaceleración de la actividad económica mundial y una pérdida masiva de empleos, provocando una reducción en los ingresos tributarios y de las cotizaciones a la seguridad social, mismas con las que se financian las prestaciones y servicios de protección social. Al mismo tiempo, estas medidas tuvieron como consecuencia un aumento en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como incrementos del gasto en prestaciones de seguridad social en un momento de crisis.
Regularmente, la función de las prestaciones monetarias ha sido la de proporcionar o sustituir ingresos para evitar situaciones de carencia, privación o vulnerabilidad socioeconómica. Por encima de estas funciones tradicionales, las intervenciones en materia de seguridad social desempeñaron un papel fundamental en la protección de los empleos, de las personas y de las familias expuestas a una precariedad socioeconómica creciente debido a la desaceleración económica y la pérdida masiva de empleos. Para lograrlo, los sistemas de seguridad tuvieron que poner en marcha nuevos programas de emergencia, extender la cobertura y adaptar las medidas existentes, como los regímenes de desempleo parcial.
Las medidas de protección social que se adoptaron en respuesta a la pandemia enviaron un mensaje firme sobre la asequibilidad de la seguridad social básica y la mejora del acceso a las prestaciones y los servicios, logradas mediante un conjunto de programas adecuado y la combinación de financiación contributiva y no contributiva tanto en países desarrollados como en los países en desarrollo.
Los sistemas de seguridad social atenuaron los efectos socioeconómicos negativos de la pandemia en las personas y las sociedades, y contrarrestaron la crisis financiera. También, se adoptaron medidas encaminadas a crear resiliencia y estimular la recuperación socioeconómica; los hechos demuestran que los países que contaban con una inversión adecuada en infraestructuras médico sociales y de atención de salud, así como con un sistema de protección social integral y completamente desarrollado, superaron relativamente bien la pandemia, poniendo de relieve la importancia de la seguridad social en la vida de todos los países.
En 2020, con respecto al cuarto trimestre de 2019, se tuvo una reducción de 8.8% en las horas de trabajo a escala mundial, lo que equivale a la pérdida de 255 millones de empleos a tiempo completo. Las pérdidas de horas de trabajo en 2020 fueron aproximadamente cuatro veces mayores que durante la crisis financiera mundial de 2009.
A pesar de que la brecha de género en relación con la cantidad de horas trabajadas ha disminuido tras la pandemia, ésta persiste sobre todo en los países de ingresos muy altos. Actualmente, en el mundo las mujeres trabajan 18.9 horas a la semana, lo cual representa el 57% del promedio de horas trabajadas por los hombres.
La asistencia social, constituye la forma más común de apoyo en todas las regiones y grupos de países por ingresos (61%). Incluso en entornos de ingresos altos, la mitad de las medidas adoptadas son de asistencia social. La asistencia social, ha alcanzado su punto más alto en los países de ingresos bajos, donde esta esfera representa el 78% de la cartera de inversiones de protección social.
En lo referente a las subcategorías de componentes de asistencia social, los programas de transferencias monetarias son la intervención de asistencia social más extendida, puesto que representan aproximadamente el 25% del conjunto de medidas de protección social y el 41% del total de medidas de asistencia social.
A enero de 2022, se habían concebido o aplicado un total de 3,856 medidas de protección social relacionadas con el mercado laboral en 223 países. Para luchar contra la pandemia, 95 países aplicaron medidas de protección frente al desempleo y 110 Estados adoptaron medidas de protección del empleo o los ingresos. Un gran número de países facilitaron prestaciones adicionales a los beneficiarios de pensiones actuales, tales como ayudas complementarias, bonos extraordinarios o pensiones mínimas más altas.
Gracias a la pandemia, el gasto destinado a la protección social aumentó en casi un 270%. De diciembre de 2020 a mayo de 2021, el gasto total destinado a la protección social aumentó cerca de 270%, hasta alcanza los 2.9 billones de dólares.
En promedio, los países han invertido el 2% del PIB en las respuestas de protección social relacionadas con el COVID-19, cifra que oscila entre el 1.3% observado en los países de ingresos bajos y 2.5% de los entornos de ingresos altos.
El gasto observado en las diferentes regiones es heterogéneo. En Europa, los gastos equivalían al 5.2% del PIB, mientras que los países africanos únicamente destinaban en promedio el 1.2% del PIB a respuestas de protección social y relacionadas con el mercado de trabajo encaminadas a luchar contra la pandemia.
Las medidas encaminadas a hacer frente al desempleo representaban el 10.4% de las medidas adoptadas durante el primer trimestre de 2020. En el tercer trimestre, el porcentaje que representaban las transferencias monetarias disminuyó hasta situarse en torno al 3% a pesar de que este tipo de medida había sido el más adoptado durante el segundo trimestre al representar el 9.5% del total.
La pandemia exacerbó la presión sobre los sistemas de salud, lo que dificultó los confinamientos preventivos impuestos para frenar la propagación del virus, en particular en los países en los que no se invertía lo suficiente en establecimientos médico-sociales y de atención a la salud. Con el fin de hacer frente a esta situación, los países invirtieron en establecimientos de atención a la salud y de hospitalización improvisados para tratar de subsanar las carencias durante la crisis. Sin embargo, esta estrategia de respuesta a la crisis supuso un despilfarro.
El reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional, dio lugar a un aumento de la carga que representan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, mientras que la naturaleza del virus provocó un incremento en las tasas de enfermedad. Lo anterior, desencadenó contingencias y los países cuyos sistemas de protección tenían un alcance limitado se enfrentaron a la tarea de tener que abordar cuestiones relacionadas con la atención de salud, y al mismo tiempo, responder a los efectos socioeconómicos negativos.
Por su parte, los países con sistemas de protección social integrales y bien desarrollados, mostraron una mayor resiliencia ante los efectos socioeconómicos negativos, pudiendo activar mecanismos de protección social para atender las necesidades de los trabajadores y sus familias. En cambio, los países con acceso limitado a la protección de la seguridad social tuvieron que adoptar nuevos programas de asistencia social y ampliación de los ya existentes, así como adopción de nuevas modalidades de financiación e intervenciones en el mercado de trabajo para proteger el empleo.
Las políticas de protección desempeñaron la doble fusión de proteger a las personas y las economías. No obstante, en general se trato de medidas coyunturales con efectos desiguales a largo plazo. Los efectos socioeconómicos de la pandemia acarrearon problemas de liquidez para los regímenes de seguridad social, lo que podría desembocar en una situación de insolvencia. En consecuencia, se sometió a los Gobiernos a un mayor escrutinio público con respecto al cumplimiento al derecho humano a la seguridad social para todos.
El aumento de las prestaciones y el acogimiento del teletrabajo propició a que las administraciones de seguridad social adoptaran rápidamente soluciones modernas de tecnologías de la información. La agilización de los procesos de digitalización, automatización y desmaterialización de los procesos operativos y la adopción generalizada de soluciones electrónicas para garantizar la continuidad de las operaciones; lo que lleva a la exposición a nuevos tipos de riesgos y errores, así como la erosión de las pistas de auditoría.
Como conclusión, la capacidad de las instituciones de seguridad social ha sido un factor fundamental para garantizar la continuidad de los servicios se seguridad social y para adoptar nuevas medidas y adaptar las existentes, especialmente en el contexto de las respuestas nacionales a la pandemia.
Arturo Rangel Bojorges Mendoza
Consejero Suplente ante el H. Consejo Técnico del IMSS.
Información obtenida del Informe Mundial 2022 de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)
